El Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, admitió la demanda presentada en favor del Consejo Comunitario Nelson Mandela, ubicado en zona rural del municipio de Candelaria, Atlántico, un hecho que marca un precedente en materia de justicia étnico-territorial en el departamento. 

Es la primera vez que una demanda de este tipo es aceptada en el Atlántico en beneficio de una comunidad afrodescendiente, lo que representa un avance clave en la reparación de víctimas del conflicto armado y en el reconocimiento de sus derechos colectivos sobre el territorio. 

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La acción judicial cobija a 396 personas agrupadas en 97 familias, quienes durante años han reclamado la restitución de sus tierras tras haber sido afectadas por el despojo y el abandono forzado. 

La Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Magdalena – Atlántico, lideró el proceso que permitió consolidar la demanda, tras un trabajo de caracterización y acompañamiento a la comunidad. 

“Es un paso muy importante después de muchos años de lucha”, expresó Dominga Fonseca, representante legal del Consejo Comunitario, quien destacó que esta decisión judicial abre la puerta a la reparación integral del territorio y al reconocimiento de la identidad cultural de la comunidad. 

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Este proceso se suma a otras admisiones logradas en el Caribe colombiano, como las de los consejos comunitarios Rincón Guapo Loverán y San Juan de Palos Prieto – Victoria Torres, en el departamento del Magdalena, que cuentan con autos admisorios desde 2025. 

Según la URT, actualmente siete consejos comunitarios en Atlántico y Magdalena han sido caracterizados, con un total de 2.884 hectáreas y 7.984 metros cuadrados en trámite de restitución. 

La admisión de esta demanda no implica una decisión de fondo, pero sí el inicio formal del proceso judicial que definirá la restitución de los derechos territoriales de la comunidad. 

Con este paso, se fortalece el acceso a la justicia para los pueblos étnicos y se avanza en el cumplimiento de medidas de reparación para comunidades afectadas por el conflicto armado en el país.